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Malabo
29 septiembre, 2023

Parte de las víctimas del proyecto Calle La Ronda se sienten desamparados


Desamparados porque hasta aquí, después de expropiar sus terrenos y destruir sus casas para ejecutar el proyecto de la carretera que conecta Los Ángeles con Semu, no han recibido sus correspondientes indemnizaciones.

Momento de demolición de propiedades en la Calle La Ronda, 2020

Después de algo más de cuatro años desde que se produjera el acto de expropiación forzosa de los terrenos de 25 familias; así como la destrucción de sus viviendas de parte del gobierno, para iniciar los trabajos del proyecto de conexión de la calle la Ronda con el mercado de calle Semu, 10 de las familias que fueron afectadas por las obras, siguen pendientes en recibir las correspondientes indemnizaciones que se les prometió recibirían del Ministerio de Obras Públicas.
Las obras en cuestión, fueron anunciadas por el Jefe de Estado, cuando visitó el lugar antes del inicio de los trabajos, confirmando que sería una transformación completa de esta comunidad de vecinos en una urbanización moderna, con todas las condiciones de habitabilidad necesaria.
A las familias damnificadas, por su parte, declaran que se les pidió desalojar las viviendas para la materialización del proyecto, asegurándoles que recibirían una indemnización de parte del Ministerio de Obras Públicas, Viviendas y Urbanismo, para que conseguieran casas en otras partes partes de la ciudad. Dicho lo cual, recuerdan afligidos, solo 15 familias han saboreado el gusto de esas promesas. Lo cual les deja en situación de desemparo tras hacer presentado varios recursos en diferentes instituciones del Estado para pedir una explicación convincente.

Esta promesa de indemnización en sí, ya ha durado más de cuatro años, y estos siguen sin recibir sus correspondientes compensaciones, afirman las familias que han acudido en la defensoría del pueblo, al ministerio de interior y otras entidades para encontrar solución a su problema. De hecho, obran documentos que justifican que han tocado varias puertas y ninguna se ha abierto. Desde la comunidad de vecinos que certifica a través de un reconocimiento comunitario, que estás familias sufrieron expropiación forzosa, un plano de situación antes de la ejecución de la demolición de sus propiedades, un recurso al Defensor del Pueblo, entre otros documentos.
A pesar de esto, esas las 10 familias siguen sin tener respuesta y en sus caras solo se puede observar una cosa: la zozobra.

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